Expansión, 6-05-2013. Carlos Peña

El autor analiza en este artículo la nueva doctrina de algunos Tribunales para garantizar el cobro del justiprecio en el caso de las expropiaciones de las autopistas de peaje, en las que las concesionarias ha entrado en situación de concurso de acreedores. Recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han determinado la responsabilidad directa en el pago del justiprecio del Ministerio de Fomento, aunque no sea el beneficiario de la expropiación.

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El artículo analiza el Decreto-Ley 6/2013 aprobado por la Junta de Andalucía que entró en vigor el 12 de abril, por el que se regula, entre otras cuestiones, la posibilidad de sancionar a empresas propietarias de viviendas, si las mantienen deshabitadas, y de expropiar viviendas a entidades financieras, en el caso de que estén en curso de procedimientos de ejecución hipotecaria y exista un riesgo de exclusión social del deudor.

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“A pocas semanas de que entre en funcionamiento el “banco malo”, que ya tiene el nombre de SAREB, existen aún importantes incógnitas que siguen sin despejarse. Aún no conocemos ni las personas que van a dirigirlo ni la estructura que se va a diseñar para gestionar cientos de miles de activos que van a volcar las entidades de crédito intervenidas. El autor opina sobre la necesidad de dotar a esa estructura de personas con contrastada capacidad de gestionar activos inmobiliarios con un componente financiero, los INMOFINACIEROS.”

El Mundo 21-10-2012.

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“En el presente artículo hacemos una valoración de la Ley 8/2012, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas, de la Comunidad de Madrid, publicada el pasado 29 de diciembre. El texto normativo incorpora una serie de medidas que facilitan la implantación del proyecto de Eurovegas. Se analiza elrégimen de especialidad de la ley en los aspectos jurídico-urbanísticos.”

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El Mundo, 23-7-2012. Antonio Ñudi

El artículo analiza la reforma de la Ley de Costas que pretende llevar a cabo el Gobierno del Partido Popular, con el objeto de dotar de mayor seguridad jurídica a los propietarios y concesionarios de viviendas y actividades en la zona de dominio público marítimo-terrestre y en sus zonas de servidumbre.

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