urbanismoOrigen y Vocación


Urbe Asesores Jurídicos fue creada en el año 2001 con vocación de convertirse en una organización orientada al asesoramiento en materia urbanística e inmobiliaria, tras la unión de profesionales que venían desempeñando su labor en diferentes despachos de abogados, administraciones públicas y empresas privadas dedicadas a la gestión de suelo, promoción y edificación.

La firma está dirigida los letrados Antonio Ñudi y Carlos Peña y cuenta con un equipo integrado por abogados, técnicos y personal de administración con amplia experiencia en el asesoramiento jurídico en materia urbanística e inmobiliaria.

En la actualidad somos un despacho de abogados de referencia en el asesoramiento jurídico, ocupando los primeros puesto del ranking en el ámbito nacional.

Mantenernos en este nivel sólo es posible desde la excelencia, desde la profesionalidad y desde nuestra vocación de orientación al cliente.

El Mundo 10/7/2014

En este artículo desde URBE hacemos una reflexión sobre la repercusión que ha tenido la Ley 8/2013 de Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana, transcurrido 1 año desde su promulgación.

Esta ley estatal pretendía reactivar el sector de la construcción mediante la rehabilitación y la regeneración urbanas. Lo cierto es que las medidas no han tenido mucho éxito, quizás porque la coyuntura económica aún no es propicia, quizás porque la distribución de competencias entre Eº-CCAA-Aytos dificulta la conexión de las medidas previstas en la ley estatal con las que se contienen en las normas autonómicas.

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El Mundo, 30-09-2013. Antonio Ñudi.

En el presente artículo hacemos una reflexión sobre las últimas grandes operaciones inmobiliarias, protagonizadas por fondos de inversión extranjeros, y si ello supone una reactivación del sector inmobiliario en nuestro país.

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Expansión, 6-05-2013. Carlos Peña

El autor analiza en este artículo la nueva doctrina de algunos Tribunales para garantizar el cobro del justiprecio en el caso de las expropiaciones de las autopistas de peaje, en las que las concesionarias ha entrado en situación de concurso de acreedores. Recientes sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha han determinado la responsabilidad directa en el pago del justiprecio del Ministerio de Fomento, aunque no sea el beneficiario de la expropiación.

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